Imagine que es un extranjero que en los últimos días estuvo paseando por las asediadas peatonales céntricas. No se le hubiese pasado por la cabeza que los puestos de venta ambulante son ilegales en esta ciudad. Para nada. Estaban muy instalados con gazebos, con la mercadería ordenada, con etiquetas y precios. No faltaba el que entregaba hasta una “boleta-tarjeta” por si era necesario cambiar el producto. Con una aclaración: “hasta el lunes a la tarde se puede hacer el cambio”.

Tal vez hoy nos despertemos y ya no estén más. Pero, ¿quién nos asegura que no volverán a desbordar las peatonales en cada fiesta importante? Siempre se van después de Reyes. Es el arreglo de cada año. Y siempre vuelven. La salida “llego a un acuerdo, me dan un espacio en otro lugar y listo” suena muy simple ante la compleja trama que esconde la venta callejera. Aquí el negocio no es el ambulante que vende para subsistir, sino lo que no se ve: las organizaciones que lucran a lo grande con la producción ilegal de falsificaciones y chucherías; una industria que tiene también cientos de “saladas”, con mano de obra más que barata y en negro.

Para los irritados comerciantes, que se sienten víctimas de los controles tributarios y ven cómo se exime de esa presión a los que venden en la vía pública, la mejor solución es hacer un shopping a cielo abierto en las peatonales. Aún no está muy claro de qué se tratará, pero seguro restará espacio para los peatones, ya bastante denigrados en una ciudad que piensa mucho más en los autos que en ellos.

Hacer una excepción a la norma. Buscar una alternativa. Dejar conformes a los que amenazan con romper la presunta tranquilidad de la provincia. Son cosas a las que estamos cada vez más acostumbramos. Miramos para otro lado, con ojos anestesiados, las calles repletas de lavaderos clandestinos que destruyen el asfalto y derrochan agua. Y renegamos, y luchamos - sin más armas que el lamento- porque en miles de casas hay familias que subsisten cada día con sus canillas secas.

Los lavaderos callejeros no tienen ley. No les hace falta. Nadie los controla. Los que sí consiguieron su norma fueron los remises truchos. Resistieron los controles, sitiaron la ciudad y por ley se les dio vía libre para que jueguen con nuestras vidas. Los blanquearon con el nombre de autos rurales compartidos en julio de 2005, les exigieron un montón de cosas en los primeros años y ahora ha vuelto a ser un servicio imprevisible, arriesgado y sin control. En el sur, casi todas las ciudades tienen sus paradas especiales para los “piratas” en pleno centro.

Los propios choferes de autos rurales admiten que no les conviene estar en regla, que no hay controles en las rutas y que en muchos autos los pasajeros saben cuándo se van pero no si vuelven sanos y salvos a sus casas.

Así se lucha en esta provincia para bajar los índices de mortalidad en las rutas. Ya tenemos registro nacional de infractores, carnet por puntos y pensamos en el scoring. Pero las rastras cañeras siguen demasiado mimetizadas con nuestro paisaje: entre junio y octubre de 2013 fueron protagonistas de al menos cuatro accidentes que sumaron ocho muertos. La ley Nacional de Tránsito les prohibe circular por rutas nacionales. Pero en Tucumán gozan de un permiso especial para hacerlo. Y lo hacen muchas veces sin luces ni señalización, con exceso de carga o con conductores imprudentes.

Enfrentar la ilegalidad evidentemente no es un fuerte dentro la política de este Gobierno. Argumentos, discusiones, propuestas, acuerdos y, al final, más excepciones. Tal vez sea hora de empezar por legalizar la coherencia.